Muchos abogados siguen creyendo que la sola presentación de una conciliación previa abre automáticamente competencia judicial.
La idea parece intuitiva:
“Si el conflicto fue conocido primero en conciliación, entonces el proceso posterior debería continuar allí”.
Pero cuidado.
En procedimiento civil boliviano esa conclusión puede ser problemática.
La Ley N° 439 diferencia claramente entre la actividad preprocesal y la actividad jurisdiccional contenciosa.
Conciliación previa ≠ apertura automática de competencia judicial
1. La conciliación previa es anterior al proceso
La conciliación previa tiene finalidad preventiva.
Busca evitar litigios y promover soluciones tempranas.
Precisamente por eso se llama conciliación PREVIA.
Ocurre antes del proceso.
Mientras no exista demanda y constitución de relación jurídico-procesal, seguimos fuera del proceso jurisdiccional.
Actividad pre procesal ≠ actividad jurisdiccional
Por ello, el conocimiento inicial del conflicto por el conciliador no debe confundirse con competencia judicial.
2. Competencia: No solo materia y territorio
Cuando hablamos de competencia solemos pensar en materia o territorio.
Sin embargo, existe otra discusión importante:
la prevención.
La prevención aparece cuando existen autoridades igualmente competentes y debe determinarse cuál continuará conociendo el asunto.
Muchas veces no se discute quién puede conocer.
Se discute quién conoció primero.
Pero aquí debe hacerse una precisión importante:
La conciliación previa no abre por sí sola competencia judicial contenciosa.
Su naturaleza es preventiva y pre procesal.
Ocurre antes del proceso e intenta evitarlo.
En consecuencia, el conocimiento del conflicto por el conciliador no equivale automáticamente a competencia judicial ni a constitución de proceso.
La prevención opera dentro del ámbito jurisdiccional cuando existen autoridades judiciales igualmente competentes.
Ley N° 439 – Marco normativo
Art. 11 – Economía procesal
Evita duplicidad de actuaciones y optimiza recursos.
Arts. 12–13 – Competencia
Base para analizar competencia y prevención entre autoridades judiciales.
Arts. 14–15 – Conflictos de competencia
Los conflictos competenciales se tramitan y resuelven por vía procesal correspondiente.
Arts. 292 y ss. – Conciliación previa
Regulan la conciliación como actuación anterior al proceso.
3. ¿Por qué existe la prevención?
La prevención no fue creada simplemente para decidir quién se queda con el expediente.
Su finalidad es evitar:
fallos contradictorios;
decisiones incongruentes;
duplicidad de actuaciones;
gastos innecesarios;
uso ineficiente de recursos públicos.
✓ Seguridad jurídica
✓ Economía procesal
✓ Economía de las partes
✓ Eficiencia judicial
✓ Racionalización de recursos estatales
La prevención busca concentrar el conflicto y evitar soluciones incompatibles.
4. Explicamos esta idea en 39 segundos
Reflexión final
La conciliación previa busca evitar el litigio.
Pero evitar el litigio no significa abrir automáticamente competencia judicial.
La conciliación previa es preventiva porque ocurre antes del proceso.
Y precisamente por ello merece diferenciarse de la competencia jurisdiccional.
En litigación civil, los errores más costosos suelen parecer pequeños.
Hasta que llegan al expediente.
I. Introducción: ¿Qué son las excepciones previas y para qué sirven?
Las excepciones previas son instrumentos procesales de defensa mediante los cuales el demandado cuestiona aspectos formales de la demanda antes de entrar al fondo del litigio. Su objetivo principal es depurar el proceso, corregir errores o incluso extinguirlo anticipadamente cuando existen vicios de forma o causas legales que impiden su prosecución.
Están reguladas en los artículos 128 y 129 de la Ley N° 439 (Código Procesal Civil de Bolivia) y constituyen un filtro jurídico que impide la apertura innecesaria de procesos defectuosos.
II. Momento oportuno para plantearlas
Conforme al artículo 129, las excepciones deben ser planteadas dentro del plazo de 15 días para contestar la demanda. Una vez presentadas, se corre traslado al demandante por igual término. Las excepciones serán resueltas en la audiencia preliminar dentro del acto de saneamiento procesal.
La norma también distingue que algunas excepciones pueden ser declaradas de oficio por el juez: incompetencia, incapacidad procesal, cosa juzgada y transacción. En cambio, otras como la prescripción o la caducidad solo pueden ser invocadas por la parte interesada.
III. Análisis de las excepciones previstas en el artículo 128 del CPC
Nota: El elenco legal de excepciones omite el numeral 5, ya sea por error de publicación en Gaceta Oficial o error de imprenta en la misma Gaceta. Esto debe entenderse como un defecto subsanable mediante interpretación sistemática, sin alterar la validez del artículo.
1. Incompetencia de la autoridad judicial
Esta excepción busca que el caso sea conocido por el juez correcto, ya sea por territorio, materia, etc. Se llama así porque alega que el juez que está conociendo el caso no tiene la competencia legal para hacerlo.
Finalidad: Determinar si el juez tiene competencia por razón de materia, territorio.
Doctrina: Couture: “La competencia es presupuesto esencial para la validez del proceso”.
2. Incapacidad de la parte demandante o personería del apoderado
Busca cuestionar si la persona que demanda tiene la capacidad legal para hacerlo por sí misma o si su representante legal no tiene la debida autorización (personería).
Doctrina: Carnelutti: El proceso exige partes capaces y con personería válida.
3. Falta de legitimación o interés legítimo
Busca demostrar que el demandante no es la persona directamente afectada o que no tiene un interés legítimo basado en los hechos que presenta en su demanda para iniciar el juicio.
Doctrina Goldschmidt: “La legitimación es la idoneidad para actuar procesalmente en nombre propio por un derecho propio o ajeno”.
Jurisprudencia:A.S. 098/2019, de 18 de febrero.cuya máxima indica que: “La legitimación procesal es presupuesto indispensable para la apertura válida de un proceso jurisdiccional.”
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4. Litispendencia
Busca evitar que se tramiten dos juicios idénticos al mismo tiempo. Significa "litigio pendiente", ya que existe otro juicio en curso con las mismas partes, objeto y causa.
Doctrina: Chiovenda: La litispendencia impide decisiones contradictorias y salvaguarda la economía procesal. Jurisprudencia:S.C.P. 0487/2017, de 15 de mayo, donde la máxima indica: “La litispendencia es una garantía de seguridad jurídica que impide la duplicidad de acciones sobre el mismo conflicto.”
5. Numeral OMITIDO EN LA LEY
Observación: Este error legislativo no impide la aplicación de las demás excepciones. Debe hacerse constar al redactar el escrito.
6. Demanda defectuosa, trámite inadecuado o indebida acumulación
Busca corregir errores formales graves en la presentación de la demanda (defectuosa), en el procedimiento que el juez le dio (trámite inadecuado) o cuando se juntan en una misma demanda acciones que no deberían ir juntas (indebida acumulación).
Doctrina: Carnelutti: Exige claridad y legalidad en acumulación de pretensiones.
7. Demanda antes del vencimiento del plazo o de la condición
Busca detener una demanda prematura, es decir, presentada antes de que venza un plazo legal o se cumpla una condición necesaria para poder demandar.
Doctrina: “Actio nondum nata non prescribitur”. Máxima: “No puede prosperar una acción ejercida sobre un derecho aún no nacido ni exigible.”
8. Emplazamiento de terceros
Busca integrar al proceso a otras personas que podrían ser afectadas por la decisión judicial y que no fueron inicialmente demandadas. Se refiere al acto de emplazar o notificar a estos terceros para que puedan defender sus derechos.
9. Prescripción o caducidad
Busca extinguir la posibilidad de demandar debido al paso del tiempo (prescripción) o porque el derecho para ejercer una acción ha expirado por un plazo fatal (caducidad).
10. Cosa juzgada
Busca evitar que se vuelva a juzgar un asunto que ya fue decidido por una sentencia firme. Significa que el caso ya fue "juzgado" y no puede ser revisado nuevamente.”
11. Transacción o conciliación
Busca dar por terminado el juicio porque las partes ya llegaron a un acuerdo extrajudicial (transacción) o con la ayuda de un tercero (conciliación).
12. Desistimiento del derecho
Busca finalizar el juicio porque el demandante renuncia a la pretensión que había planteado en su demanda, es decir, desiste de su derecho a obtener lo que pedía.
Doctrina: El desistimiento extingue la pretensión sin sentencia. Máxima: “El desistimiento es un acto procesal unilateral que extingue la acción sin necesidad de sentencia.”
IV. Excepciones vs. Incidentes: Diferencias fundamentales
Las excepciones previas se interponen al inicio del proceso. Los incidentes surgen en el curso del proceso y afectan cuestiones accesorias. Ambos tienen tratamiento y efectos jurídicos distintos.
Conclusiones Finales
Las excepciones previas son claves para el control técnico del proceso civil.
Aplicarlas correctamente permite una defensa eficaz y estratégica.
Conjugan doctrina, jurisprudencia y oportunidad procesal.
Ahorran tiempo, reducen desgaste económico y enfocan el litigio.
Difundirlas ayuda a fortalecer una cultura jurídica más accesible.
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La demanda es el acto procesal que da inicio a un proceso cualquiera. A través de ella, una persona (natural o jurídica) expresa ante un juez su pretensión o en su caso invoca la defensa de un derecho. En nuestro país, el Código Procesal Civil (Ley 439) regula los requisitos de forma y contenido de la demanda en su artículo 110. A continuación, analizaremos detalladamente cada uno de estos requisitos.
ARTÍCULO 110. (FORMA Y CONTENIDO DE LA DEMANDA).
La demanda será escrita, salvo disposición expresa en contrario, y deberá reunir los siguientes requisitos de forma y contenido:
1. Indicación de la autoridad judicial ante quien se interpone la demanda
La demanda debe dirigirse al juez o tribunal competente para conocer el caso. La competencia se determina en función de la materia y territorio. Es fundamental identificar correctamente estos datos a la autoridad judicial para evitar dilataciones y nulidades procesales.
"La competencia judicial es la base sobre la que descansa la validez de un proceso. Un tribunal incompetente no solo priva de justicia, sino que genera inseguridad jurídica" (Chiovenda, G., "Principios de Derecho Procesal Civil"
2. Suma o síntesis de la pretensión que se pretende
La demanda debe contener una síntesis clara y concisa de la pretensión del demandante, es decir, lo que se pide al juez. La pretensión debe ser determinada y no puede ser genérica. Por ejemplo 'Demanda Cumplimiento de Contrato'
3. Nombre, domicilio y generales de la parte demandante o del representante legal, si se trata de persona colectiva.
Demandante : Nombre completo, domicilio, número de identificación y estado civil. En caso de personas jurídicas, se incluirá la razón social y datos del representante legal.
Demandado : Mismos datos que el demandante. Si su domicilio es desconocido, se puede solicitar al juez la citación por edictos, previo juramento de desconocimiento de domicilio.
"El derecho de defensa no puede ejercerse si el demandado no es identificado correctamente en la demanda" (Couture, E., "Fundamentos del Proceso Civil" , 1942).
4. Nombre, domicilio y generales de la parte demandada. Si se trata de persona colectiva, la indicación de su representante legal.
Es un error común el no ingresar todos los datos en el memorial de demanda, la cual puede generar observación por parte de la autoridad, datos que; generalmente se consignan en la cédula de identidad de cada persona. Es importante proporcionar los mismos datos del demandado que los del demandante los mismos que el domicilio. Si se desconoce el domicilio del demandado, se debe indicar esta circunstancia y solicitar al juez se pueda realizar un oficio dirigido al registro cívico, en Bolivia Servicio de Registro Cívico ( SERECI ) información que generalmente sirve para determinar el último domicilio de la persona a citar y, en caso de que este sea confuso o incierto, se puede solicitar a la autoridad que ordene su citación por edictos, previo juramento de desconocimiento de domicilio.
5. Designación del bien demandado con exactitud
Si la demanda se refiere a un bien específico, se debe designar con toda exactitud, indicando sus características, ubicación y demás datos que permitan su identificación.
6. Relación precisa de los hechos
Se deben exponer de forma clara y cronológica los hechos que dan lugar a la demanda. Los hechos deben ser relevantes (no ampulosos) para la pretensión y deben probarse en el proceso.
"El proceso es un relato estructurado donde los hechos constituyen el pilar fundamental" (Carnelutti, F., "Sistema de Derecho Procesal Civil" , 1955).
7. Invocación del derecho
Se deben citar las normas jurídicas que fundamentan la pretensión del demandante. No es necesario citar y copiar todos los artículos aplicables, pero sí aquellos que son esenciales para la resolución del caso.
8. La cantidad cuando su estimación fuere posible.
Si la pretensión tiene un valor económico, se debe indicar la cantidad de la demanda. La cantidad es importante para determinar la competencia del juez y la procedencia de algunos recursos.
9. Petición
La petición es la parte final de la demanda y debe contener la solicitud concreta que se hace al juez. La petición debe ser clara, precisa y congruente con la pretensión y los hechos expuestos.
10. Las firmas de la parte actora o apoderado y de la abogada o abogado.
La demanda debe estar firmada por el demandante o su apoderado y por un abogado. La firma del abogado es obligatoria, salvo en los casos en que la ley permita la representación sin abogado.
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En el ámbito del derecho procesal civil, el rol de la autoridad judicial no se limita únicamente a la conducción del proceso, sino que también abarca poderes específicos para garantizar la celeridad y la correcta aplicación de la justicia .
El Artículo 24 de la Ley 439 establece un marco claro de potestades y deberes que permiten al juez rechazar demandas improcedentes, impulsar el proceso de oficio, rechazar pruebas irrelevantes o sancionar conductas maliciosas dentro del juicio. Estas facultades, además de otorgar dinamismo al procedimiento, previenen el abuso del derecho y aseguran el principio de buena fe procesal .
En este artículo, analizaremos en detalle cada una de estas atribuciones, su aplicación en la práctica judicial y el impacto que tienen en la eficiencia de los litigios. Asimismo, revisaremos criterios doctrinales y jurisprudenciales que refuerzan la importancia del control judicial en la administración de justicia.
Sigue leyendo para comprender cómo estas potestades pueden influir en la estrategia procesal y en la conducción de un juicio civil, a continuación vamos desglosar el artículo 24 y entender la intención del legislador al incluir cada numeral, veamos:
ARTICULO 24. La autoridad judicial tiene poder para:
1. Rechazar en forma inmediata y fundamentada la demanda cuando:
a) Sea manifiestamente improponible.
b) Se reclame un derecho sujeto a plazo de caducidad y éste haya vencido, siempre que se trate de derechos indisponibles.
1. Inciso a) "Sea manifiestamente improponible"
Este punto se refiere a demandas que, desde su presentación, no cumplen con los requisitos mínimos para ser admitidas, pero...
¿Cuándo una demanda es improponible?
- Cuando la pretensión es jurídicamente imposible, es decir, el derecho que se reclama no tiene fundamento legal .
- Cuando la acción interpuesta no es procedente por la naturaleza del asunto.
- Cuando se solicita algo que es notoriamente contrario a la ley o la jurisprudencia consolidada .
Ejemplo: Un demandante interpone una demanda solicitando la restitución de un bien sin ser su legítimo propietario y sin presentar prueba de dominio.
Consecuencia: El juez puede rechazar la demanda de inmediato sin necesidad de tramitarla.
2. Inciso b) "Se reclama un derecho sujeto a plazo de caducidad y éste haya vencido, siempre que se trate de derechos indisponibles"
¿Qué implica este inciso?
a) Existen derechos que tienen un plazo máximo para su ejercicio , conocido como plazo de caducidad.
b)Si el plazo ha vencido, el juez puede rechazar la demanda de inmediato sin necesidad de un proceso.
c)Solo aplica a derechos indisponibles , es decir, aquellos que no pueden ser objeto de negociación o renuncia por las partes (ejemplo: derechos de familia, laborales, derechos de menores).
Ejemplo: Una persona intenta impugnar una filiación paterna cuando ya han pasado más de dos años desde que supo la identidad del supuesto padre (plazo fijado en el Código de las Familias y del Proceso Familiar).
Consecuencia: La autoridad judicial rechaza la demanda de inmediato porque el plazo ha caducado y se trata de un derecho indisponible .
Remitiéndonos a la doctrina, el jurista Chiovenda en "Principios de Derecho Procesal Civil" afirma que:
"La caducidad es la extinción del derecho de accionar en virtud de la inactividad del titular en un tiempo determinado. Su carácter perentorio no admite interrupción ni renuncia por las partes."
Esto significa que, cuando la caducidad se configura, el derecho se extingue automáticamente, y el juez debe rechazar la demanda sin más trámite.
Es una forma especial de tutela jurisdiccional destinada a lograr la satisfacción coactiva de un derecho cierto, exigible y contenido en un título que lleva aparejada ejecución. A diferencia del proceso ordinario, cuyo objeto es la declaración del derecho, el proceso ejecutivo presume la existencia del derecho y la deuda en virtud del título presentado, invirtiendo así la carga de la prueba hacia el ejecutado.
Doctrinalmente, el proceso ejecutivo se sustenta en la idea de que la eficacia jurídica del título ejecutivo suple la necesidad de una etapa probatoria plena, legitimando una ejecución inmediata —aunque condicionada al eventual planteamiento de excepciones por parte del deudor—. Esta naturaleza dual (declarativa limitada y ejecutiva) le otorga una estructura procesal mixta y abreviada, centrada en la economía procesal y la tutela efectiva del acreedor.
ARTÍCULO 378. (PROCEDENCIA).
El proceso ejecutivo se promueve en virtud de alguno de los títulos referidos en el artículo siguiente, siempre que de ellos surja la obligación de pagar cantidad líquida y exigible.
ARTÍCULO 379. (TÍTULO EJECUTIVO). Son títulos ejecutivos:
1. Los documentos públicos.
2. Los documentos privados suscritos por la obligada u obligado o su representante voluntariamente reconocidos o dados por reconocidos por ante autoridad competente, o reconocidos voluntariamente ante notario de fe pública.
3. Los títulos, valores y documentos mercantiles que de acuerdo al Código de Comercio tuvieren fuerza ejecutiva.
4. Las cuentas aprobadas y reconocidas por resolución judicial ejecutoriada.
5. Los documentos de crédito por expensas comunes en edificios afectados al régimen de la propiedad horizontal.
6. Los documentos de crédito por arrendamiento de bienes.
7. La confesión de deuda líquida y exigible ante la autoridad judicial competente para conocer en la ejecución.
8. La transacción no aprobada judicialmente, que conste en escritura pública o documento privado reconocido.
9. En todos los casos en que la Ley confiera al acreedor, el derecho de promover proceso ejecutivo.
Comentario
El proceso ejecutivo es una forma particular de proceso monitorio que se utiliza cuando el acreedor posee un título ejecutivo. En Bolivia, los títulos ejecutivos incluyen documentos como sentencias judiciales firmes, documentos públicos con fuerza ejecutiva y contratos privados reconocidos ante notario.
Procedimiento del proceso ejecutivo:
Inicio del proceso: El acreedor presenta una demanda ejecutiva acompañada del título ejecutivo.
Por vía de declinatoria se planteará ante el juzgado o tribunal que se considere incompetente, pidiéndole se separe del conocimiento de la causa y remita el proceso a la autoridad tenida por competente.
Comentario
La declinatoria, es una herramienta procesal que sirve para reclamar y hacer conocer que el Juez o Tribunal donde se interpuso una demanda, no es el adecuado, ya sea por motivos de jurisdicción o competencia y, por tanto, dicho órgano judicial deberá separarse de conocer el asunto cuestionado. Es importante saber que la declinatoria se debe proponer ante el mismo tribunal que esté conociendo del proceso y al que se considere carente de jurisdicción o de competencia como establece el art. 19 CPC.
Doctrina
La declinatoria es un mecanismo procesal regulado en el Código Procesal Civil boliviano (Ley 439), que permite a una parte excepcionar la incompetencia del juez o tribunal ante el que se ha presentado una demanda, solicitando que el mismo se declare incompetente y remita el caso al juez o tribunal que considere competente.
¿En qué se diferencia la declinatoria de la inhibitoria?
La principal diferencia entre la declinatoria y la inhibitoria es que la declinatoria se plantea por la parte demandada, mientras que la inhibitoria se plantea por la parte demandante.
El Artículo 18 de la Ley 439 establece: La inhibitoria, se intentará ante el juez o tribunal a quién se considere competente, pidiéndole dirija oficio al que se estimare incompetente para que se inhiba y le remita el proceso.
La inhibitoria, constituye una cuestión de competencia, que se presenta ante un juez o tribunal, a quien se considera competente, para que éste último así lo declare y; actuando a nuestra petición, reclame las actuaciones al órgano judicial que hubiese estado actuando hasta ese momento, a quien consideramos incompetente para conocer determinado asunto, para que el mismo le remita los antecedentes.
Si la demanda de inhibitoria se admite a trámite, el juez o tribunal dará traslado a la otra parte para que presente su oposición.
La inhibitoria en el derecho boliviano
¿Qué es la inhibitoria?
La inhibitoria es un mecanismo procesal regulado en el Código Procesal Civil boliviano (Ley 439), que permite a una parte solicitar a un juez o tribunal que se declare incompetente para conocer de un determinado asunto y remita el caso al juez o tribunal que considere competente.
Los conflictos de competencia que se suscitaren entre dos o más juzgados o tribunales para determinar a cual corresponde el conocimiento de la causa, podrán promoverse de oficio o a instancia de parte, por inhibitoria o por declinatoria, antes de haberse consentido la competencia reclamada.
Doctrina
Conflicto de competencia judicial: definición y causas
Un conflicto de competencia judicial se produce cuando dos o más tribunales de distinto orden jurisdiccional, integrados en el Poder Judicial, se consideran competentes (conflicto positivo) o incompetentes (conflicto negativo) para conocer de un determinado asunto.
Causas de los conflictos de competencia judicial
Falta de claridad en las normas de competencia
Las normas que establecen la competencia de los tribunales pueden ser complejas y ambiguas, lo que puede dar lugar a interpretaciones diferentes por parte de distintos tribunales.
Error en la determinación de los hechos
Si un tribunal no determina correctamente los hechos del caso, puede llegar a la conclusión errónea de que es competente para conocer del mismo.
3. Resolverse en su contra la competencia suscitada.
4. Conclusión del pleito.
Razonamiento
El vocablo competencia, tiene muchas acepciones, todas ellas distintas del sentido normal o vulgar de la expresión como equivalente de inteligencia, ingenio o habilidad para desenvolverse en cualquier aspecto de la vida, destacando entre ellos el profesional.
Desde el punto de vista orgánico
Se refiere a la capacidad concreta que pueden ejercer los órganos de una entidad pública o privada, de suerte que al margen de la materia concreta asignada no pueden desenvolver su actividad (en el ámbito del Derecho Administrativo, la falta de competencia puede dar lugar a la nulidad radical de todo el procedimiento administrativo llevado a cabo)
ARTÍCULO 15. (SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA COMPETENCIA)
La competencia se suspende temporalmente en determinadas causas:
1. Por apelación concedida en efecto suspensivo.
2. Por acuerdo de las partes, en los casos permitidos por Ley.
3. Por suspensión del asunto en los casos señalados por Ley.
Comentario
1. Apelación concedida en efecto suspensivo
Definición
Se produce cuando un tribunal superior admite un recurso de apelación presentado por una de las partes y decide que la resolución apelada no se ejecutará hasta que se dicte sentencia definitiva.
La competencia de una autoridad judicial puede suspenderse en todos los asuntos que conoce no sólo en determinado asunto. En el primer caso, por cualquiera de las causas que privan a la autoridad judicial de sus funciones, como la suspensión motivada por acción penal, vacación o licencia; y en el segundo caso, por excusa o recusación, o por la conclusión del pleito.
La suspensión de la competencia en sentido lato, acontece cuando el funcionario judicial es privado temporalmente de la competencia para conocer de determinado proceso y ocurre desde que surge la causal o circunstancia que lo determina hasta cuando desaparece presenta como consecuencia de la apelación en el efectos suspensivo, en que la competencia se le suspende al inferior a partir de la ejecutoria del auto que concede el recurso y la recupera una vez el superior le devuelve el expediente.
ARTÍCULO 13. (PRÓRROGA DE LA COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO)
La competencia por razón de territorio se puede prorrogar únicamente por consentimiento expreso o tácito de las partes. En forma expresa, cuando ellas convienen en someterse a una autoridad judicial que para una o para ambas partes no es competente; en forma tácita, cuando la parte demandada contesta ante una autoridad judicial incompetente, sin oponer esta excepción.
Comentario
La prórroga de la competencia es un acto por el que las partes convienen, expresa o tácitamente, someter el conocimiento de un asunto a un tribunal relativamente incompetente en los casos en que la ley lo permite. (…) Tiene sentido afirmar que la elección o autonomía de la voluntad es un factor de la competencia cuando expresamente la ley permite que las partes modifiquen la competencia natural del tribunal, superponiendo esa voluntad por sobre la voluntad de la ley, lo que ocurre obviamente solo en los casos en que la ley lo permite. Ya sea expresa o tácita, la prórroga de la competencia es un acto jurídico bilateral*
En el proceso civil se observarán las siguientes reglas de competencia:
1. En las demandas con pretensiones reales o mixtas sobre bienes en general, será competente:
a. La autoridad judicial del lugar donde estuviere situado el bien litigioso o del domicilio de la parte demandada, a elección de la parte demandante.
b. Si los bienes fueren varios y estuvieren situados en lugares diferentes, el de aquel donde se encontrare cualquiera de ellos.
c. Si un inmueble abarcare dos o más jurisdicciones, el que eligiere la parte demandante.
2. En las demandas con pretensiones personales, será competente:
a. La autoridad judicial del domicilio real de la parte demandada.
b. El del lugar donde deba cumplirse la obligación, o el de donde fue suscrito el contrato, a elección del demandante.
c. En caso de contratos por medio electrónico, será competente la autoridad judicial pactada en el contrato, y a falta de éste, la autoridad judicial del domicilio real de la parte demandada, salvo que la Ley especializada disponga lo contrario.
I. La competencia de la autoridad judicial para conocer de un asunto se determina por razón de materia y territorio.
II. Todo proceso tendrá dos instancias, salvo aquellos que por Ley se tramiten en única instancia.
La competencia tiene como supuesto, el principio de pluralidad de tribunales dentro de un territorio jurisdiccional. Así, las reglas de competencia tienen como objetivo determinar cuál va a ser el tribunal que va a conocer, con preferencia o exclusión de los demás, de una controversia que ha puesto en movimiento la actividad jurisdiccional. Por ello se ha señalado que, si la jurisdicción es la facultad de administrar justicia, la competencia fija los límites dentro de los cuales se ejerce tal facultad.
En resumen, los jueces ejercen su jurisdicción en la medida de su competencia.
Mientras los elementos de la jurisdicción están fijados, en la ley, prescindiendo del caso concreto, la competencia se determina en relación a cada juicio (a cada caso concreto).
Además, no sólo la ley coloca un asunto dentro de la esfera de las atribuciones de un tribunal, sino también es posible que las partes (prórroga de competencia o competencia prorrogada) u otro tribunal (competencia delegada, vía exhorto)
La función jurisdiccional es indelegable y su ámbito abarca todo el territorio del Estado Plurinacional.
La jurisdicción (en latín: iuris dictio, decir o declarar el derecho a su propio gobierno’) es la potestad, derivada de la soberanía del Estado, de aplicar el Derecho en el caso concreto, resolviendo de modo definitivo e irrevocable una controversia, que es ejercida en forma exclusiva por los tribunales de justicia integrados por jueces autónomos e independientes.
Uno de los principales rasgos de la potestad jurisdiccional es su carácter irrevocable y definitivo, capaz de producir en la actuación del derecho lo que técnicamente se denomina cosa juzgada.
En sentido coloquial, la palabra "jurisdicción" es utilizada para designar el territorio (estado, provincia, municipio, región, país, etc.) sobre el cual esta potestad es ejercida. Del mismo modo, por extensión, es utilizada para designar el área geográfica de ejercicio de las atribuciones y facultades de una autoridad o las materias que se encuentran dentro de su competencia; y, en general, para designar el territorio sobre el cual el Estado ejerce su soberanía.
I. La autoridad judicial es el titular de la función jurisdiccional. Las servidoras y los servidores auxiliares sólo realizarán los actos permitidos por la Ley del Órgano Judicial y el presente Código, bajo responsabilidad.
II. Las autoridades judiciales sustanciarán y resolverán las causas sometidas a su competencia, de acuerdo a las leyes del Estado Plurinacional.
La función primordial de los juzgados y tribunales del Estado, consiste en resolver los diferentes conflictos que ante ellos se plantean, a través de la aplicación del derecho positivo, para lograr su cometido con el fin de hacer llegar la aplicación de justicia a cualquier nivel de la población sin limitación ni discriminación alguna, para ese cometido el Órgano Judicial, posee una estructura organizativa en Jurisdicción y competencias que la determinan, así como deberes y obligaciones establecidos mediante la Ley 025 en sujeción a la C.P.E.
Jurisprudencia
El Auto Supremo: 485/2018 de 13 de junio, refiriéndose a la finalidad de la función jurisdiccional, señala; El art. 7 del Código Procesal Civil, señala: I. La autoridad judicial es el titular de la función jurisdiccional. Las servidoras y los servidores auxiliares sólo realizarán los actos permitidos por la Ley del Órgano Judicial y el presente Código, bajo responsabilidad. II. Las autoridades judiciales sustanciarán y resolverán las causas sometidas a su competencia, de acuerdo a las leyes del Estado Plurinacional.
5. Permite a la autoridad jurisdiccional, el contacto personal y
directo con las partes en las audiencias, con la prueba y los hechos que se
alegan en el proceso, excepto en los actos procesales que deban cumplirse
por comisión fuera de la jurisdicción de Juzgado.
¿Por qué es importante el Principio de Inmediación?
La inmediación, se establece en el primer momento que el Juez debe hacer una investigación directa y personal de todos los actos procesales que le incumbe, por ejemplo; el Juez debe recibir personalmente la declaración de los testigos y las pruebas. El actual procedimiento establece el contacto personal y directo de la autoridad judicial con las partes en las audiencias y la prohibición de delegación, bajo pena de nulidad, excepto en los actos procesales que deban cumplirse por comisión en territorio distinto al de su competencia. Lo que pretende garantizar la presencia, participación y conocimiento del juzgador desde el inicio de la demanda y el conocimiento de las pruebas como tal.
La autoridad judicial, en los procesos deberá actuar con arreglo a lo dispuesto en la Ley.
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (Declaración Americana) Artículo XVIII.
Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo.
El principio de legalidad y el debido proceso legal (garantías judiciales) Derecho internacional de los derechos humanos, por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. La legalidad como principio y en su acepción jurídica más aceptada, establece que todo acto de los órganos del Estado debe encontrarse fundado y motivado por el derecho vigente.